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PP

Hoy, por fin, última entrada dedicada a los programas electorales en materia económica. Cierro con el Partido Popular, que según todas las encuestas, y a falta justo de 7 días para el ejercicio del voto, parte con una clara ventaja y todo apunta a que será el partido que gobierne y por lo tanto, su programa será el que se deba aplicar. Y repito, según las encuestas. Pero como este es un país muy dado a los toros y el refranero español muy rico en sapiencia, pues diremos aquello de que “hasta el rabo todo es toro”. Esperaremos a ver…

El pdf del programa contiene 214 páginas (ahí es nada), y está dividido en 7 grandes bloques:

  1. Sociedad y Gobierno.
  2. Estabilidad y reformas para el empleo.
  3. Educación.
  4. Bienestar.
  5. Administración.
  6. Democracia.
  7. Política Europea y exterior.
Me voy a centrar, exclusivamente en el bloque 2, que habla de la estabilidad y reformas para el empleo. Y antes de nada, decir que parece ser que todo el programa, no solo el económico, gira en torno a la creación de empleo. Es el vórtice sobre el que gira todo lo demás. 
El bloque 2 se divide en 9 apartados cada uno de ellos con diferentes medidas a aplicar:
  • Euro (11 medidas).
  • Cuentas Públicas (9 medidas).
  • Crédito (9 medidas).
  • Empleo (12 medidas).
  • Emprendedores (12 medidas).
  • Reforma fiscal (10 medidas).
  • Energía (9 medidas).
  • Innovación (8 medidas).
  • Nuevas tecnologías (10 medidas).

Del primer apartado (Euro) es de destacar el que vayan a establecer un “plan completo y coherente” de reformas estructurales, cosa que por otra parte es de lógica, pues nos obliga Europa. Nos va en eso que los mercados denominan “confianza” y que se manifiesta en la denominada “prima o diferencial de tipo de interés respecto al bono alemán”. Nos guste o no, la verdad es que la situación de España, en estos momentos, provoca riesgo “sistémico” a la estabilidad económica europea, y no digo ya al conjunto del países “euro”. Destaca también el compromiso, dentro del  primer año de legislatura, de revisar el gasto de las administraciones, así como el establecer y potenciar la unidad de mercado, sustituir las licencias y controles previos por controles “a posteriori” en las nuevas actividades económicas y reformar la Comisión Nacional de la Competencia. Eso si, no dicen mas, ni cuantifican, ni describen mas detalles. Son promesas interesantes, pero vagas, necesarias pero etéreas, sin letra pequeña y por tanto difíciles de juzgar en un sentido u otro.
Del segundo apartado (Cuentas públicas) podemos resumir las 9 medidas en una sola: Restablecimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Dicha ley, nos permitió en 1996 sentar las bases del crecimiento posterior que se produjo. En el 2004-2005 se derogó. Y así nos ha ido.
Del tercer apartado (Crédito) destaca el deseo de culminar el proceso de restructuración del sistema financiero,  la potenciación de los mecanismos de financiación alternativos, la reforma de la CNMV y la extensión de la supervisión por parte del Banco de España a todas las entidades financieras, sean crediticias o no. Y quiero destacar una medida que afecta al ciudadano “de a pie” y es la voluntad de reformar la Ley Concursal, con el objetivo de introducir en la misma la insolvencia de las personas físicas.
De las 12 medidas del apartado cuarto (empleo), se pueden resumir en una sola: Reforma Integral del Mercado de Trabajo, basándose en la reforma de la contratación, de la negociación colectiva, del sistema de relaciones laborales, de la formación y de la intermediación. Entre otras medidas, simplificación de las modalidades de contratos (pero no dice mas ni cuantifica que tipos quedan), creación de un “fondo de capitalización personalizado” a modo del modelo austriaco, establecimiento de un “bono formativo” individual y, sobre todo de la colaboración publico-privada en los servicios de empleo, medida muy demandada por las empresas de recolocación y de empleo temporal.
Del apartado de emprendedores (apartado 5) destacar el objetivo de crear una Ley de pymes y autónomos, el apoyo fiscal a los autónomos es decir los consabidos 3.000 euros al contratar al primer trabajador, la aplicación del criterio de caja al Iva y la reducción de los tipos impositivos en el impuesto de sociedades al 20% para determinados tamaños y la extensión del 25% como tipo general.
En el apartado sexto, de “reforma fiscal”, parte de esa reforma ya está recogida en puntos anteriores (criterio de caja en el iva, reducción de tipos en el Impuesto de sociedades etc…) por lo que destacaré, al respecto del IRPF la voluntad de potenciar el ahorro, creando una nueva deducción por el incremento del ahorro anual.
Y para finalizar, de los apartado séptimo (energía), octavo (innovación) y noveno (nuevas tecnologías) destacaremos lo relativo a la vaguedad y sutileza con la que se manifiesta el programa al respecto de la energía nuclear expresándose de la manera siguiente:

Gestionaremos los permisos de los emplazamientos nucleares conforme al cumplimiento de los estrictos criterios de seguridad impuestos por el Consejo de Seguridad Nuclear y las autoridades europeas, de forma que la prolongación de su operación redunde en un menor coste de la energía para los consumidores.

Conste que yo defiendo la energía nuclear, pero esta ambigüedad en los textos me produce desazón. En la parte de innovación destacar la voluntad de que los incentivos sean fiscales y sometidos a criterios de mercado. Y por último, en el apartado dedicado a nuevas tecnologías, como gran punto, por fin, la eliminación del canon digital y la potencial privatización de la televisiones autonómicas.

Larga entrada esta, pero el programa es denso en texto y escaso en su cuantificación. Así que no tengo muchas ganas de prolongar la “agonía” en una segunda parte. Si alguno no tiene mejor lectura en su mesilla de noche, le puedo recomendar la trilogía de Publio Cornelio Escipión, el africano, de Santiago Posteguillo. Para los que amamos la historia con pasión, es sencillamente impresionante.

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RE-IMPUESTO DE PATRIMONIO.

Dice la Constitución Española de 1978, vigente actualmente, en su artículo 31.1 lo siguiente:

Artículo 31.

1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.

También dice la Ley General Tributaria, en su articulo 3.1 lo siguiente:

Artículo 3. Principios de la ordenación y aplicación del sistema tributario.

1. La ordenación del sistema tributario se basa en la capacidad económica de las personas obligadas a satisfacer los tributos y en los principios de justicia, generalidad, igualdad, progresividad, equitativa distribución de la carga tributaria y no confiscatoriedad.

El pasado viernes día 16 de septiembre de 2011, el Consejo de Ministros ha reimplantado el Impuesto de Patrimonio, impuesto que se eliminó (justamente por cierto) hace tres años.

Sobre dos aspectos quiero incidir en este primer post. Uno de fondo y otro de forma. Al respecto del aspecto de fondo, defender que es un impuesto injusto y confiscatorio, justo lo que tanto la Constitución Española como la Ley General Tributaria dicen que no tiene que ser un impuesto. Injusto porque no grava la renta ni el incremento de la misma, simplemente grava el hecho de tener, de ahorrar. Y es confiscatorio porque el patrimonio generado por un individuo proviene fundamentalmente de dos vías: renta que se genera por propio esfuerzo (trabajo o capital) o renta que se reciben de terceros (mortis causa o donación). En cualquiera de los dos casos, esas rentas ya han sido gravadas con otro impuestos (IRPF y Sucesiones y Donaciones fundamentalmente). Por lo tanto, es confiscatorio porque grava dos veces lo mismo.

Al respecto del aspecto de forma, hay un principio que no está escrito pero que debe considerarse, al menos en los países con un sistema fiscal moderno, y es el principio de seguridad jurídica. No es de recibo eliminar un impuesto para luego volverlo a reimplantar, y además que esta reimplantación sea DE CARACTER TEMPORAL, es decir, solamente estará vigente para los próximos 3 años. Cualquier individuo tiene el derecho a conocer cual es el marco fiscal ESTABLE sobre el que tomar decisiones de inversión y ahorro y por lo tanto de gasto y consumo.